Don Fernando Álvarez de Castro; por Miguel Guardiola Fuster

Don Fernando Álvarez de Castro

Miguel Guardiola Fuster

Cronista oficial de La Nucía

Correspondiente de la Academia de Cultura Valenciana

Don Fernando Álvarez de Castro fue bautizado el 14 de julio de 1695 en Granada, hijo de Pedro Álvarez de Castro y Soria y Sánchez de la Peña, Alcalde Mayor de Vera, y Francisca Ximénez de la Cerda y Sevilla. Casó el 15 de agosto de 1714 en Granada con Teresa Florentina Vives Bussia, natural de Osuna, con quien tuvo tres hijos. Después de graduarse de licenciado entró en la Real Chancillería de Granada en 1721, encomendándole diferentes servicios que solventó con prontitud y firmeza. En 30 de agosto de 1723 le nombraron Juez para los bienes del capitán don Juan Bautista Cacha, vecino de Cádiz, a donde pasó a residir, cometido que llevó con rectitud, con arreglo a las leyes y conforme al Derecho. Por estos informes la Chancillería le nombró, el 16 de julio de 1724, para formalizar el proceso contra el Alcalde Mayor de Alcalá de las Azules, tarea que desempeñó con acierto.

El 2 de noviembre de 1725 fue nombrado Gobernador y Alcalde Mayor de las Villas de Polop, Benidorm, y los Lugares de Chirles y La Nucia, en la Marina del Reino de Valencia, cuyo cargo juró y tomó posesión en los días 10 y 11 de diciembre de ese año.

El Príncipe de Campoflorido, Gobernador y Capitán General de Valencia, el 6 de diciembre de 1725, ordenó a Álvarez de Castro que realizase diversos servicios, entregándole diligencias secretas y expidiendo órdenes a los Oficiales Militares de Gandía para que le apoyasen con escoltas. El 22 de octubre de 1726 le entregó credenciales para varios lugares y villas del Reino de Valencia, en los cuales procedió en relación y proporción a la confianza que para estos cargos depositaron en su persona.

Conocidas las noticias por el Capitán General de la gente armada que rondaba por aquellos parajes, le expidió carta el mismo día, mes y año a fin de que hiciese las más eficaces y vivas diligencias para prender a todos los que hallase con armas, arreglo con las instrucciones que en carta orden le remitió. Para cumplimiento de la orden realizó incursiones por diversos lugares del Reino, auxiliado por tropas militares, con la asistencia del escribano del Cabildo de la villa de Benidorm, encontrando en una casería (sic) llamada de Alfaz a Manuel Orts, bandido, que hacía tiempo que andaba por la Marina y lugares comarcanos, autor de muchos robos, muertes y salteamientos. Álvarez de Castro le cercó y consiguió la captura de dicho individuo, a pesar de la tenaz resistencia que presentó, y le condujo a las cárceles de Polop, en las cuales murió. Continuó después en otros cometidos contra sujetos que resultaron cómplices de esta causa. En otra expedición capturó en Altea siete gitanos armados a quienes mandó a la cárcel, instruyó la causa y dictó contra ellos sentencia de azotes y galeras, según la Pragmática de 1717.

En los cinco años que estuvo en el cargo se le formó causa de juicio de residencia. Estos pleitos constituían uno de los mecanismos para garantizar, sino el buen gobierno de los agentes del Estado, al menos el examen de sus actos oficiales y, en ocasiones, de los oficiosos. Esta institución de derecho público, tendía a fiscalizar las actuaciones de los encargados del gobierno con el objeto de que asumieran las consecuencias legales por los agravios o daños que pudieran haber ocasionado a los gobernados, determinar el grado de su responsabilidad específica y delimitar las reparaciones que hubieren de efectuar para resarcir sus desatinos en el ejercicio del cargo o también, premiar su desempeño. En suma, constituían una de las más usuales manifestaciones de control de la gestión del poder. El juicio de residencia se abrió por unos sucesos que tuvieron lugar en la Nucia el 18 de octubre de 1726. Fernando Álvarez de Castro se presentó en la Nucia con una escolta de gente armada para prender al alcalde ordinario Miguel Juan Ivorra, disparándose algunos escopetazos. De resultas fueron apresadas 17 personas y conducidas a las cárceles de Polop, primero, y después a san Felipe, actual Játiva. Álvarez de Castro dispuso soldados con sus armas y caballerías en las casas de algunos vecinos de la Nucia. El juez instructor fue el mismo Alcalde Mayor quien pidió al ayuntamiento de la Nucia 205 libras de gastos conminando a que en caso de no pagarlas embargaría los bienes de los encartados más las costas de la Audiencia, dietas de los soldados y manutención de los caballos. Como resultase que el ayuntamiento no podía pagar la cantidad exigida, envió al síndico Josep Ivorra de Diego a Alicante para pedir un crédito, misión que consiguió del comerciante Juan Bautista Gracián, que les prestó 323 libras. El mismo síndico viajó a Gandía, Játiva y Valencia para tratar la libertad de los encarcelados, prolongándose el pleito y aumentado las costas.

En el juicio de residencia solían castigar a los encausados, pero no era extraño el número de excepciones en que se dictaba la absolución y, más aun, como en este caso, fuera premiado con la Alcaldía Mayor, Teniente de Gobernador y Asesor de la Intendencia de la ciudad y reino de Murcia, hacia 1731. El proceso fue declarado bueno, limpio, recto y desinteresado. El Capitán General de Valencia, con acuerdo de la Sala del Crimen de la Real Audiencia de la ciudad de Valencia, certificó que cumplió con el mayor celo, vigilancia y justificación, y le consideró digno de las honras que su Majestad pudiera dispensarle. Fernando Álvarez de Castro fue absuelto en su juicio de residencia, sentencia inusual para esta clase de procesos, y los ciudadanos de la Nucia fueron puestos en libertad.

Sobre estos incidentes existe en el Archivo General de Salamanca dos Memoriales redactados por Álvarez de Castro en 1727, (A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 840. Memorial impreso del Alcalde Mayor de Polop D. Fernando Álvarez de Castro sobre la decisión de la Audiencia de Valencia de dejar libres a los vecinos de la Nucia 1728), y un informe del arzobispado de Valencia de 25 de julio de 1728 (Gracia y Justicia, leg. 176). También el Consejo de Castilla informó, texto que puede consultarse en A.H.N. Consejos, libro 1901. Consulta del Consejo de Castilla, 12 de agosto de 1728.

En Murcia resolvió importantes pleitos en la defensa de las regalías del Rey que estaban abiertos desde hacía años. De igual modo presentó diligencias en la persecución y castigo de delincuentes, conservación del orden público, solicitud de quintas y soldados y marineros para los navíos de la expedición a Orán.

En 1732 subdelegó en Álvarez de Castro el señor Pascual de Villacampa, Juez privativo, Protector y Conservador de la Real Cabaña del Reino manejando con acierto todos los negocios del cargo.

El 18 de febrero de 1739 fue nombrado Oidor de la Real Audiencia de Guatemala. Antes de zarpar hizo testamento en Cádiz en diciembre de 1740 y con dos criados emprendió el largo viaje hacia América. Desembarcó en Guatemala en julio de 1741 y tomó posesión del cargo el 17 del mismo mes. La Audiencia la formaban en aquel año solamente de tres oidores que desempeñaban sus cargos desde muchos años: los mexicanos Tomás Ignacio de Arana y José Nicolás de Rodezno Manzolo y Rebolledo, desde 1711, y el español Francisco Orozco Manrique de Lara, desde 1725. Ellos estaban en oposición al Fiscal Diego Holgado de Guzmán y al Capitán General Tomás de Rivera y Santa Cruz y Andújar. Álvarez de Castro tomó partido por este último grupo que, en recompensa por su fidelidad, le encomendó varios servicios.

El hijo del Oidor Arana, Tomás Hermenegildo Arana y Valle, fue nombrado en 1742 gobernador de Honduras. En marzo de 1745 Rivera y Santa Cruz aprovechó la oportunidad para perjudicar al viejo Oidor ordenando a Álvarez de Castro investigar el comercio ilícito en Honduras y la complicidad del gobernador en este contrabando. Apenas llegado a Comayagua (Honduras), en abril del mismo año, hizo patente su animadversión hacia el gobernador, dictó unas disposiciones en su contra y ordenó la salida de Arana hacia Esquípalas, a pesar de estar prohibido por ley que se hiciese salir del lugar. Aún más, Álvarez de Castro le quería sacar de su asilo en la iglesia principal de Comayagua y pidió al canónigo la extradición del infeliz gobernador, a lo que se negó rotundamente. Parece que los motivos de Álvarez de Castro no fueron justificados por las actuaciones del gobernador, sino con el apoyo del Capitán General Rivera y Santa Cruz quiso establecer un ejemplo en contra de la familia Arana, tanto al padre (el oidor) como al hijo (el gobernador). Sin embargo al poco tiempo enfermó y apenas 6 meses después de su llegada a Honduras murió el 22 de noviembre de 1745.