La Audiencia Criminal de Altea celebra su primer juicio
En junio de 1882 se
promulgó en España la Ley Adicional del Poder Judicial que autorizaba la
creación por todo el país de las Audiencias de lo Criminal[1]. Como
consecuencia de esta ley, el 1º de enero de 1883, se estableció, por razones
geográficas, una sede de este tipo en Altea, ocupando para ello el edificio que
anteriormente había sido convento de franciscanos[2]. Se
asignó a esa Audiencia un Presidente, un Fiscal, dos magistrados, un teniente
fiscal, un abogado fiscal, un secretario, un vicesecretario, dos oficiales, un
portero, dos alguaciles y un mozo[3].
La jurisdicción de
la Audiencia de Altea abarcó los partidos judiciales de Callosa d’en Sarrià,
Dénia, Pego y La Vila Joiosa. Los jueces en estos partidos siguieron
instruyendo los sumarios por causa penales, pero los fallos debían ser emitidos
por el tribunal colegiado de Altea tras celebrar un juicio oral y público[4].
El día 26 de marzo
de 1883 se celebró el primer juicio oral y público en la Audiencia de Altea. Se
juzgaba una causa seguida por el Juzgado de Callosa contra Salvador Savall
Molina, de quince años de edad, por la muerte, como consecuencia de un disparo
con arma de fuego, de la joven María Sellés[5].
El caso revestía un
gran dramatismo por la juventud de los involucrados, y el malhadado azar de los
accidentes. Salvador Savall y su padre, ambos residentes en Valencia, habían
sido invitados por los progenitores de la difunta con el fin de presenciar las
fiestas de moros y cristianos de Callosa. La adolescente se hallaba reunida
con su hermana y otra amiga cuando Savall, tomó una escopeta que había en una
de las habitaciones de la casa, y se puso a jugar con ella pensado que estaba
vacía; un tiro salió contra María Sellés que falleció instantáneamente[6].
El Fiscal calificó
el hecho de imprudencia temeraria, y pidió que se impusiera a Salvador Savall
la pena de tres meses y un día de arresto mayor, pena que el procesado rechazó.
Actuó como Presidente del Tribunal, don Antonio Álvarez Osorio[7], y
como abogado encargado de la defensa, don Ambrosio Orozco Ortiz[8].
El juicio era una
novedad para Altea y los pueblos vecinos y, como tal, se revistió con aureola
de espectáculo. Según el redactor de La
Unión Democrática asistieron los abogados de Altea, don Manuel Martínez
Rodríguez, don Martín Martínez, don Pedro Martínez y don Juan Bautista Martínez;
además de los juristas callosinos don Ramón Giner, juez municipal de esta
villa, y don Marcelino Blanquer. Numeroso público abarrotó la sala, “distinguiéndose
bellas y elegantes señoras, que dieron realce y más brillantez al solemne acto
de inauguración”.
[1] Gaceta
de Madrid, 24 de Junio de 1882.
[2] GUTIÉRREZ DEL CAÑO, Marcelino, Monografía histórica de la Villa de Altea,
Valencia, 1920, pp. 73-74. El Ayuntamiento de Altea tuvo que hacer frente a los
gastos de habilitación y equipamiento del Tribunal, para ello D. Miguel
Martínez Salvá adelanto un crédito a la corporación municipal (Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
15-04-1893, nº 85).
[3] Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante, 21-11-1882, nº 278.
[4] La ley Adicional del Poder Judicial
y la ley de enjuiciamiento criminal, también promulgada en 1882, significaron
dos avances muy importantes hacia la consecución de un sistema penal más racional,
garantísta y abierto. Posteriormente, en 1888, se aprobó la Ley del Jurado lo
que aproximó la justicia española a la anglosajona, la más progresista de la
época; ESTARÁN PEIX, Juan Marcos, “El funcionamiento de un tribunal de la
justicia ordinaria de la restauración: la Audiencia de lo Criminal de Manresa
(1883-1892); Ivs Fvgit, nº 16,
2009-2010; pp. 391-413.
[5] La
Unión Democrática, 1-03-1883.
[6] La
Correspondencia de España, 18 de octubre de 1882.
[7] Este abogado sevillano tenía una
diltada carrera en la administración judicial de más de 20 años. Desde 1880 se
encontraba al mando de un juzgado de instrucción en Alicante; desde esta
posición se le nombró para el Tribunal de Altea; Gaceta de Madrid, 21 de diciembre de 1882.
[8] Ambrosio Orozco Ortiz (Altea, 1853-1907). Licenciado en derecho civil y
canónico por la Universidad de Madrid (1875). Estaba casado con Isabel Salvá
Pont, hija del magistrado tarbenero Don Francisco Salvá Pont (Tàrbena,
1819-1908), a la sazón Jefe de Sección del Ministerio de Gracia y Justicia
(AHN, MAGISTRADOS, Exp. 4606/5272, Caja 2).
No hay comentarios:
Publicar un comentario